Los representantes del transporte, integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán, manifestamos públicamente nuestro rechazo y profunda preocupación ante la iniciativa presentada por los diputados David Martínez Gowman, Antonio Salvador Mendoza Torres y Sandra María Arreola Ruiz, mediante la cual pretenden reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo.
Más allá del discurso ambiental y políticamente correcto que intentan proyectar, esta iniciativa refleja una vez más la desconexión que existe entre algunos legisladores y la realidad que viven diariamente miles de michoacanos.
Porque en México no existen ciudadanos de primera ni de segunda.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1° el principio de igualdad y no discriminación; asimismo, el artículo 4° reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. Estos principios obligan a las autoridades a construir políticas públicas integrales, equitativas y socialmente responsables, no medidas selectivas que buscan cargar responsabilidades únicamente sobre determinados sectores.
Los representantes del transporte concesionado de Michoacán consideramos que el transporte público no puede convertirse en el responsable absoluto de los problemas ambientales del estado.
Los transportistas representamos menos del 4% del total de vehículos que circulan en Michoacán y un porcentaje todavía menor dentro de la ciudad de Morelia. Sin embargo, pareciera que para algunos diputados resulta más rentable políticamente señalar al sector transporte que enfrentar los verdaderos problemas estructurales de contaminación, devastación ambiental y desorden urbano.
Hoy vemos diputados que únicamente levantan la mano para aprobar iniciativas mediáticas, pero que nunca han señalado:
• La destrucción masiva de árboles y áreas verdes por obras gubernamentales;
• La devastación urbana ocasionada por proyectos mal planeados;
• El impacto ambiental de obras que son vendidas como “modernidad”;
• El uso excesivo y opaco de recursos públicos;
• La falta de estudios técnicos transparentes;
• El daño económico y social que estas obras generan a miles de familias michoacanas.
Nunca los hemos escuchado levantar la voz por los comerciantes afectados, por los ciudadanos atrapados diariamente en el caos vial, ni mucho menos por los transportistas concesionados que enfrentamos una de las peores crisis económicas de los últimos años.
Mientras el transportista lucha todos los días para pagar combustible, refacciones, seguros, concesiones, impuestos y llevar sustento a su familia, el gobierno hace gala del derroche de dinero público en obras innecesarias, costosas y alejadas de las verdaderas necesidades de movilidad de la población.
Hablan de sustentabilidad, pero destruyen árboles.
Hablan de movilidad moderna, pero generan caos vial.
Hablan de justicia social, pero abandonan al trabajador y al concesionario.
Hablan de medio ambiente, pero guardan silencio ante los daños provocados por las propias obras gubernamentales.
Eso no es sustentabilidad.
Eso es simulación política.
Resulta preocupante que esta iniciativa pretenda impulsar obligaciones y presiones hacia el transporte público sin establecer también responsabilidades penales, administrativas y patrimoniales contra funcionarios públicos, constructoras y autoridades que autoricen proyectos que destruyan áreas verdes, afecten ecosistemas o dañen el entorno urbano.
La ley debe aplicarse para todos, no únicamente para quienes hoy sobreviven en condiciones económicas cada vez más difíciles.
Si verdaderamente existe interés en proteger el medio ambiente, entonces se debe comenzar por:
• Frenar la devastación urbana;
• Transparentar el gasto público;
• Castigar el daño ambiental provocado por obras gubernamentales;
• Planear el crecimiento urbano con responsabilidad;
• Implementar políticas integrales y colectivas;
• Apoyar financieramente la modernización del transporte público;
• Garantizar igualdad constitucional y piso parejo para todos los sectores.
La protección ambiental no puede convertirse en un instrumento de persecución política ni en un mecanismo de publicidad legislativa.
Los michoacanos necesitan soluciones reales, no discursos reciclados ni iniciativas que únicamente sirven para generar titulares y aparentar preocupación social mientras continúan los mismos abusos, el mismo derroche y la misma indiferencia hacia la ciudadanía.
Reiteramos nuestra disposición a contribuir a una verdadera transición ambiental; sin embargo, rechazamos cualquier intento de criminalización selectiva contra quienes diariamente sostenemos la movilidad de miles de familias en Michoacán.
La verdadera responsabilidad ambiental empieza por el ejemplo del propio gobierno.
#ATENTAMENTE
Los representantes del transporte, integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán.
