Por: Horacio Erik Avilés Martínez*
Una guía operativa modificó en la Ciudad de México algo que parecía menor y termina siendo revelador. Los estudiantes con las mejores calificaciones dejaron de tener el derecho de portar la bandera nacional en las escuelas públicas de educación básica de la capital. Ahora, al Consejo Técnico Escolar se le asignó la responsabilidad de asignar la escolta bajo un esquema rotativo, sin que el rendimiento académico pueda inclinar la balanza.
Es importante realizar una mirada desde la triple inclusión educativa, que exige garantizar, de manera simultánea, que niños y adolescentes puedan estar en la escuela, aprender lo fundamental y participar activamente en su propio proceso formativo. Bajo esa estructura, es importante pensar si al relativizar el mérito académico como criterio de reconocimiento bajo la mascarada de la democratización al acceso a la escolta, el sistema educativo está fortaleciendo o debilitando alguna de esas tres dimensiones del derecho a aprender, particularmente en el contexto michoacano.
La primera dimensión de la triple inclusión, estar, se refiere a la permanencia efectiva de niños y jóvenes dentro del sistema educativo, desde la primera infancia hasta la conclusión de la educación obligatoria. En Michoacán, esta dimensión atraviesa una crisis que ningún discurso institucional puede maquillar. El rezago educativo estatal alcanza el cuarenta por ciento de la población de quince años y más, trece punto cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional, y doscientas trece mil seiscientas treinta y seis personas adultas continúan sin saber leer ni escribir. El ciclo escolar más reciente reportó veinte mil seiscientos veintiséis estudiantes menos que el anterior, una matrícula que se evaporó sin que las autoridades ofrecieran una explicación pública satisfactoria.
Cuando ciento veinte menores de edad son asesinados durante un solo ciclo escolar y cuando dos maestras pierden la vida dentro de un plantel de Lázaro Cárdenas, la garantía de estar deja de ser un asunto pedagógico y se convierte en un asunto de supervivencia. Ninguna discusión sobre escoltas o cuadros de honor puede sustituir la urgencia de asegurar, primero, que la niñez michoacana simplemente logre permanecer con vida dentro del sistema educativo. Entonces, desde esta perspectiva de inclusión, no habría lugar para que este debate se diera en la entidad, por haber otros más prioritarios.
La segunda dimensión, aprender, exige que quienes están en la escuela adquieran efectivamente los conocimientos, destrezas y saberes fundamentales, lo cual requiere, por definición, mecanismos de evaluación confiables que permitan saber si el aprendizaje ocurre. Michoacán decidió hace una década renunciar a esa certeza. Cuando en dos mil dieciséis se aplicó por primera vez la evaluación Planea, la Secretaría de Educación Pública programó su aplicación en mil trescientas sesenta y cinco escuelas michoacanas y, por la resistencia organizada, la prueba solamente pudo aplicarse en veinticuatro planteles. El gobierno de Michoacán ha reiterado su rechazo a toda evaluación estandarizada.
Es un hecho: no se puede sostener el derecho a aprender de la niñez michoacana sin mecanismos que digan, con evidencia, si ese aprendizaje realmente está ocurriendo.
El resultado es que Michoacán sostiene cero evaluaciones censales de aprendizaje, y el sistema estatal carece de información propia sobre si sus estudiantes leen, escriben o calculan con las competencias esperadas para su edad. Renunciar a evaluar no protege a nadie de la exclusión, únicamente oculta la exclusión detrás de la ausencia de datos, y priva a la niñez michoacana del derecho más básico de todos, saber en qué medida está aprendiendo. Entonces, el único reducto que queda es el aprovechamiento, instrumentado a través de las calificaciones que asientan los docentes, lo que no necesariamente es sinónimo de aprendizajes. Pero, al borrar de un plumazo uno de los pocos actos simbólicos que reconocen el esfuerzo, se pierde la traza y también, la posibilidad de reconocer, de alguna manera, el esfuerzo de quienes cumplen con las actividades de aprendizaje en tiempo, forma y con excelencia, sobreponiéndose en muchos casos a sus condiciones socioeconómicas.
La tercera dimensión, participar, reconoce a niñas, niños y adolescentes como agentes de su propio proceso educativo, con derecho a que su voz se escuche en las decisiones que afectan directamente su formación. Bajo esa lente, la escolta rotativa capitalina merece un reconocimiento genuino, porque abre un espacio de participación colectiva donde antes existía un privilegio individual cerrado. Sin embargo, la participación auténtica exige también que la voz estudiantil incida en decisiones estructurales, no solamente en quién porta una bandera un lunes por la mañana, y en Michoacán esa voz enfrenta un obstáculo mayor, una Secretaría de Educación en el Estado que permanece acéfala desde el veinticuatro de junio de este año, conducida por una encargatura de despacho sin la investidura plena para escuchar, negociar y decidir junto con la comunidad educativa.
Una secretaría sin titular no puede abrir canales serios de participación estudiantil, docente y familiar, porque carece de la autoridad política para comprometerse con lo que esa participación arroje. La triple inclusión se rompe precisamente ahí, en el eslabón donde debería completarse el círculo entre estar, aprender y participar. Por ende, cabe preguntarse, ¿cuáles serían los medios de participación escolar en los planteles para tomar en cuenta las voces de los estudiantes?
En suma, el error de fondo que atraviesa tanto la guía operativa capitalina como buena parte del discurso educativo oficial es suponer que el mérito y la inclusión se encuentran necesariamente enfrentados. Desde una perspectiva de derechos educativos, ocurre exactamente lo contrario: la cultura del esfuerzo forma parte constitutiva del derecho a aprender, porque reconocer el logro académico enseña a niñas, niños y adolescentes que su dedicación produce resultados tangibles, lo cual fortalece precisamente la dimensión de aprender dentro de la triple inclusión. Cancelar todo reconocimiento al mérito no vuelve más inclusivo al sistema, únicamente le quita a la niñez una de las señales más claras de que el esfuerzo sostenido importa.
La inclusión bien entendida no exige eliminar el mérito, exige garantizar que todas y todos tengan condiciones equivalentes para poder alcanzarlo. El verdadero desafío de justicia educativa en Michoacán no está en -eventualmente, en caso de que así suceda- quitarle la bandera al estudiante con mejor promedio, sino en asegurar que ese promedio refleje aprendizaje real y en que cualquier niña o niño, sin importar su municipio o estrato socioeconómico de origen, cuente con condiciones socioeducativas, escuela, docente y evaluación suficientes para poder aspirar a ese mismo reconocimiento.
Bajo este marco resulta todavía más visible la incoherencia que documentamos previamente. El mismo aparato educativo que relativiza el mérito en una escolta sigue exigiendo promedio mínimo de ocho punto cero para las becas de la Fundación BBVA México asociadas a la Olimpiada del Conocimiento Infantil, y sigue otorgando medallas y clasificaciones en la Olimpiada Nacional del deporte escolar, que en abril de este año recuperó deliberadamente su nombre original. En Michoacán, el gobierno estatal celebra un supuesto primer lugar nacional en reducción de rezago educativo mientras rechaza sistemáticamente las evaluaciones que permitirían sostener esa cifra, la misma lógica que relativiza el esfuerzo individual en el discurso oficial y lo exige íntegramente cuando conviene a la narrativa política.
Es por lo anterior que, cualquier reforma a la organización escolar en el país y en la entidad en particular, incluida una eventual discusión sobre escoltas y cuadros de honor, debe evaluarse explícitamente frente a las tres dimensiones del derecho a aprender: que garantice estar, con estrategias reales de retención y protección frente a la violencia escolar; que asegure aprender, restableciendo un sistema estatal de evaluación censal negociado con transparencia frente al magisterio organizado; y, que posibilite a todos participar, con una Secretaría de Educación en el Estado plenamente encabezada y con canales formales de voz estudiantil, docente y familiar en cada decisión relevante.
Por ende, la cultura del esfuerzo debe incorporarse explícitamente como principio transversal de la política educativa michoacana, complementario y no opuesto a la inclusión, de manera que ninguna niña o niño reciba el mensaje de que dedicarse a aprender carece de valor público; y, que ese reconocimiento al esfuerzo se acompañe siempre de las condiciones materiales necesarias para que todas y todos puedan alcanzarlo en igualdad de circunstancias.
Estamos a tiempo de que, las autoridades educativas estatales, los consejos técnicos escolares michoacanos, los colectivos docentes, las madres y padres de familia organizados y el Congreso del Estado tengan presente que, cualquier discusión sobre mérito, evaluación o participación estudiantil se desarrolle a la luz de la triple inclusión, no como un ajuste administrativo aislado, ni una decisión de escritorio o una arenga de palestra. La niñez michoacana merece estar en la escuela con seguridad, aprender con evidencia y participar con voz propia, así como también merece que su esfuerzo reciba un reconocimiento genuino. Solamente una política educativa que sostenga las tres dimensiones a la vez, junto con una cultura del esfuerzo compartida, puede llamarse verdaderamente inclusiva.
Mexicanos Primero Michoacán seguirá dando seguimiento puntual a la vacante en la titularidad de la Secretaría de Educación en el Estado y a cualquier adecuación normativa sobre organización escolar, evaluación y participación estudiantil, siempre desde el marco de la triple inclusión.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
